Esta medida se incluye en un decreto ley que adopta las reformas necesarias para que el ICO pueda destinar recursos al pago de las obligaciones contraídas y no satisfechas por las entidades locales.
A cambio, el ICO generará un crédito frente a los ayuntamientos, que tendrán un plazo de tres años para devolverlo y que tendrá como garantía la participación de las entidades en los tributos del Estado. Así, si el ayuntamiento no paga, se le restará de la subvención que percibe del Estado.
Estas operaciones tendrán como límite máximo el 25% del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en los tributos en 2011.
Con esta medida, el Gobierno subraya que atiende a "la difícil situación en la que se encuentran tanto los proveedores como las propias entidades locales en estos momentos de especial dificultad".
El Ejecutivo instará también al ICO a que empiece a pagar las deudas de las pymes. De esta forma, los ayuntamientos presentarán al ICO las facturas que tiene pendientes y será el Instituto de Crédito Oficial el que las pague.
Angeles Lozano
Es un momento propicio para reflexionar, como la sencillez de un acuerdo,que tiene una enorme repercusión en la recuperación de la economía no ha sido adoptado antes, dejando que nuestras pymes y autonomos se agoten sus energias empresariales, asfixiadas, por quien en definitiva tiene un deber de velar por los intereses de sus administrados.
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