Los Juzgados Mercantiles de Barcelona han admitido a trámite y han abierto diligencias previas a una conocida entidad francesa por no pagar dentro e los plazos establecidos sus facturas.
Esta demanda se presentó tras la entrada en vigor en julio de 2010 de la nueva Ley de Morosidad, que permite denunciar a las empresas incumplidoras de los plazos. La ley estableció un calendario de aplicación que quedó fijado en 85 días para 2011, 75 días en 2012 y, finalmente, el tope de 50 días a partir de 2013.
Por su parte, la compañía francesa aseguró en un comunicado que cumple "rigurosamente el régimen de aplazamiento de pagos legalmente establecido, sin que en modo alguno haya incurrido en morosidad
En concreto, la compañía explica que el informe del ministerio mencionado manifiesta en sus conclusiones que sigue vigente el régimen especial del artículo 17.3 y 4 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, y que éste es aplicable.
Al respecto, la plataforma demandante ,advierte ,de que "no acepta ni aceptará", entre otras cuestiones, los argumentos esgrimidos por las empresas incumplidoras basados en la Ley del Comercio Minorista, que no fijaba ningún plazo concreto de pago, y que, además dichos artículos fueron derogados por la Ley 15/2010.
Se han ha presentado demandas similares en varios juzgados españoles contra empresas de construcción, distribución y telecomunicaciones que están pendientes de su admisión a trámite, por incumplimiento de los plazos de pago legalmente establecidos.
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El secretario general de la patronal de las Pequeñas y Medianas Empresas de Cataluña (Pimec), explicó en declaraciones de prensa, que con esta iniciativa "se quiere acabar con la posición dominante" de las empresas en el pago de las facturas, que provocan que los proveedores "mueran por los impagos y se pierdan muchos puestos de trabajo”.
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